“La reforma de la Ley de Extranjería entrará en vigor en agosto”, le dijo como abogado de la ONG. “El laberinto burocrático español se reducirá gracias a las mejoras en la gestión administrativa”, le sonrió optimista. Pero en el fondo sabía que el círculo vicioso estaba lejos de finalizar. Ese inmigrante no podría trabajar legalmente sin permiso de residencia. Tampoco solicitarlo sin acreditar una vinculación laboral. La misma cláusula especial aparecería en todas las propuestas que le hicieran: “La vigencia del presente contrato está condicionada a que el trabajador obtenga el correspondiente permiso de residencia y trabajo”. España actuaba en la barbarie, pensó para si. Sin compasión hacia la dignidad de las personas migrantes como ese hombre que, con estudios universitarios y varios idiomas, seguiría en el limbo hasta alcanzar la legalidad. Acabaría robando para comer, se dijo. Entonces, tendrán la excusa perfecta para expulsarlo.

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